Periódico ABC

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  1. El llamamiento de Pablo Casado al Gobierno para que se abriera a dialogar sobre los decretos económicos ante la crisis del coronavirus, y llegar así a un acuerdo de Estado, no han tenido efecto. El Ejecutivo ha ignorado el líder de la oposición, y los decretos se debatirán mañana en el Congreso, para su convalidación o, si no tienen mayoría, su derogación. Fuentes populares confirmaron que el PP no podrá apoyar los más duros, tras la negativa de Sánchez a un diálogo para modificarlos, con el concurso de los partidos, las comunidades y los sectores más afectados. En el Pleno del jueves, que empieza a las 9 de la mañana, el Grupo Popualr pulsará el botón del «sí» cuando se vote la prórroga del estado de alarma. Pero acto seguido se debatirán varios decretos leyes, entre ellos dos con los que los populares no están conformes. Se trata del decreto que prohíbe los despidos durante el estado de alarma, y el que supone el cierre total de la actividad no esencial. Casado denunció que el Gobierno no hubiera hablado antes con los partidos, las comunidades, los empresarios y los sectores afectados. Por eso, advirtió de que no los apoyaría si no se modificaban antes. Fuentes populares señalaron que su voto estará entre el "no" y la "abstención", y en cualquier caso pedirán que se tramiten como proyectos de ley para poder introducir enmiendas. Con esta previsible posición del PP, los populares marcarán distancias en el Parlamento con la gestión de Sánchez ante la crisis del coronavirus, en la que no está contando para nada con Casado. Solo le ha llamado para pedirle su voto cuando ha necesito prorrogar el estado de alarma. Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Popular sigue pidiendo que el Congreso abra sus puertas y retome su función de control al Gobierno. Por eso, ha pedido la comparecencia de los 4 vicepresidentes y los 18 ministros del Gobierno en el Congreso de los Diputados, por su gestión durante la crisis del coronavirus. El Grupo Popular pretende que todos los titulares de los Departamentos que acompañan a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros rindan cuentas, en las respectivas Comisiones de la Cámara Baja, de su actuación durante la crisis del coronavirus y de las medidas que han adoptado para luchar contra esta pandemia y sus efectos.
  2. Al menos dos alcaldes y la dirección de una residencia de ancianos de Cataluña han reclamado la presencia del Ejército para vencer al Covid-19, después de que la Generalitat les enviase empresas privadas, que no habrían realizado correctamente la labor de desinfección por la que el gobierno catalán les contrató. Se trata de los municipios de Sabadell (Barcelona) y Alcarrás (Lérida) y la residencia Palau Franqueses (en las Franqueses del Vallés, en la provincia de Barcelona). En los tres casos, la Generalitat, a través de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, decidió que las tareas de desinfección -en Sabadell, en la residencia Santa Rita y en Alcarrás, en la San Sebastián- las llevasen a cabo empresas privadas. Sin embargo, tras este trabajo, con cargo al erario público autonómico, tanto los alcaldes de las dos poblaciones como la dirección de la residencia de las Franqueses del Vallés remitieron, otra vez, cartas al Gobierno para que les enviasen urgentemente el Ejército debido a que la desinfección de las empresas contratadas por la Generalitat fue «absolutamente insuficiente». Indignación En la misiva dirigida al Gobierno que firma Marta Farrés (PSC), alcaldesa de Sabadell, se indica que la directora de la residencia Santa Rita -con 13 positivos y 9 muertos por Covid-19- se puso en contacto con ella el 1 de abril para mostrar «su indignación con la desinfección producida» el día anterior, «que no se alargó más de una hora para realizar 2.000 metros cuadrados de superficie». Por ello, Farrés ruega al Ejecutivo que le envíe la Unidad Militar de Emergencias (UME) «para realizar una desinfección profunda y efectiva». De una manera similar se manifiesta el alcalde de Alcarrás, Manel Ezquerra (de una formación local, que gobierna con JpC). En su caso, la residencia San Sebastián -con 17 empleados de baja y dos residentes con «sintomatología sospechosa» de Covid-19- recibió la presencia de dos personas durante cinco horas para desinfectar un edificio que da cabida a 197 ancianos de la localidad ilerdense (más 150 trabajadores). Una operación de limpieza, ordenada por la Generalitat, totalmente superficial y ante la que Ezquerra muestra su «preocupación» en la carta (fechada el 2 de abril, como la de Farrés), a la que ha tenido acceso ABC. Ayer, 24 militares de la Brigada Aragón I del Ejército de Tierra, con sede en Zaragoza, desinfectaron la residencia -la más grande de la provincia de Lérida- durante la mañana. Los militares fueron recibidos con aplausos por el personal de la residencia y los internos. Además, los militares aprovecharon el viaje y, tras la petición del alcalde, se desinfectaron dos salas del centro de salud de la población. Una situación parecida se dio en la residencia Palau Franqueses, tal y como avanzó ABC. La petición al Ejército la hizo la dirección debido a que, el viernes, la empresa contratada no entró en las habitaciones y solo «limpió» los pasillos. El domingo, la UME desinfectó el centro. Estos ejemplos ponen de manifiesto, no solo la descoordinación entre el Ejército y la Generalitat, tal y como ayer informó este diario, sino también la ineficiencia de la dirección que lleva a cabo la Consejería, que centraliza las peticiones de desinfección y contrata las empresas para una tarea que realiza, sin queja alguna, el Ejército. Fuentes de la Consejería, a preguntas de ABC, se remitieron ayer a que el Ejército realiza limpiezas que no informa. Pero, en todos los casos, la actuación de los militares cuenta con la autorización de la Generalitat. Guardia Civil Ante el colapso de los hospitales, algunos ayuntamientos habilitaron espacios municipales alternativos como alojamiento. Así fue en San Andrés de la Barca, municipio que pidió ayuda a la Guardia Civil para convertir un pabellón en un hospital de campaña. Siguiendo las indicaciones de Médicos sin Fronteras, la Benemérita habilitó el espacio con 140 camas, a las que, en esta localidad, se unen otras 47 plazas de un hotel. Hace dos semanas, el alcalde, Enric Llorca (PSC), las puso al servicio de la Consejería de Salud, pero siguen sin usarse. La Generalitat dice que lo hará «cuando sea necesario». El Ayuntamiento, que admite «diferencias» con la Consejería, recuerda el «colapso que sufre» el Hospital de Martorell, el más cercano.
  3. Tras tres semanas de suspensión progresiva de la actividad del Congreso, ayer su presidenta, Meritxell Batet, cambió el paso y anunció a la Junta de Portavoces la recuperación paulatina de las funciones de la Cámara. El miércoles de la semana que viene tendrá lugar una sesión de control al Gobierno en la que los grupos de la oposición podrán formular sus preguntas al presidente y los ministros así como plantear interpelaciones. Batet también adelantó que las mesas de las comisiones empezarán a ordenar sus trabajos para reanudar sus convocatorias y que la congelación de los plazos reglamentarios será levantada la semana que viene. De este modo, el Ejecutivo volverá a estar obligado a contestar por escrito a los diputados y entregarles la documentación o informes que estos le soliciten en plazo, las leyes urgentes volverán a tramitarse y la oposición podrá plantear sus enmiendas a los proyectos de ley que el pleno acordó tramitar por la vía de urgencia. Órdago de Casado La rectificación de la política socialista se produce después de que el presidente del PP, Pablo Casado, advirtiera que su grupo no apoyaría la nueva prórroga del estado de alarma mientras la Cámara mantuviera suspendidas sus funciones. El líder de la oposición decidió redoblar su ofensiva contra el cierre del Congreso después de denunciar durante tres semanas el boicot que estaba sufriendo la oposición al perder la capaciadad de plantear iniciativas y controlar al Gobierno. Ayer por la mañana, los populares fueron aún más allá y presentaron un plan para la reapertura inmediata de la Cámara concretando la recuperación del control al Gobierno, la actividad de las comisiones, y la tramitación reglamentaria que, básicamente, es el que anunció la presidenta del Congreso por la tarde, a pesar de que el Ejecutivo lo había descartado por la mañana. La rectificación es, por tanto, doble, de Congreso y Gobierno, ya que tan solo unas horas antes la ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguraba que la comparecencia del presidente del Ejecutivo cada quince días en el Congreso para prorrogar el estado de alarma era suficiente para cumplir con el sometimiento a la Cámara. Por ello, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo sentirse «reivindicada» y destacó que la reapertura del Congreso Cámara es una «victoria de la presión democrática y del PP en favor de los derechos de todos» a celebrar no solo para su grupo sino «para todos los demócratas». «El Congreso ha rectificado de la misma forma que el Gobierno tuvo que rectificar sobre la censura que aplicaba a los medios de comunicación en las ruedas de prensa de La Moncloa», subrayó tras la reunión de la Junta de Portavoces. La dirigente popular confirmó así el apoyo de su grupo a la prórroga del estado de alarma pero dejó en el aire su voto a los nuevos decretos-ley de materia económica aprobados por el Gobierno. Entre los argumentos esgrimidos por Álvarez de Toledo destacó también la equiparación de los parlamentarios con cualquier otro ciudadanos que presta una labor esencial. «No somos de mejor condición que tantas personas que están luchando en primera línea contra el coronavirus. Somos sus representantes y tenemos que tener los mismos compromisos y la misma responsabilidad», resaltó. A pesar de la victoria política que se anotó el PP, hubo dos cuestiones que Batet no admitió. La primera es la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los últimos cuatro consejos europeos. La ley obliga al jefe del Ejecutivo a dar cuenta al Congreso de los acuerdos adoptados en cada uno de estos cónclaves y el líder socialista está eludiendo su deber. La otra reclamación del PP fue elevar el número de diputados que pueden asistir a las sesiones plenarias, manteniendo las medida de seguridad. Sobre esta cuestión la Junta de Portavoces sí acordó debatir un nuevo porcentaje, más elevado. Vox e incluso Bildu Durante estas últimas semanas, también la secretaria general del Grupo Vox, Macarena Olona, ha denunciado con dureza lo que ha considerado una «vulneración del estado de Derecho» en línea con la posición de los mayoría de los constitucionalistas consultados. La presión era tan elevada que ayer Unidas Podemos trasladó que veía con buenos ojos la recuperación de la actividad parlamentaria e incluso Bildu se unió a la reclamación del control al Gobierno.
  4. Desescalada es la palabra de moda y el Gobierno la ha convertido en el axioma de un deseo, en el síntoma anímico necesario para regar la semilla de un optimismo que le permita revertir el relato de una negligencia masiva. Sin embargo, la única desescalada que se está produciendo de momento es la de ese artificio ideado por Pedro Sánchez para simular otros Pactos de La Moncloa. Si la oferta para reeditar esos acuerdos fuera sincera, Sánchez habría «autorizado» reabrir el Congreso hace semanas para permitir el control al Gobierno en las condiciones sanitarias indispensables que protegiesen el derecho constitucional de la oposición a fiscalizar sus decisiones. Unos Pactos de La Moncloa creíbles habrían movido a Sánchez a no ningunear, y a escuchar con un criterio pragmático y no ideológico, a las organizaciones empresariales para paliar la catástrofe económica de la que ha sido advertido. Y unos pactos realistas habrían forzado a Sánchez a reunirse con los partidos constitucionalistas, en vez de despreciarlos durante semanas negándoles información y asumiendo un liderazgo basado en la soberbia política frente a una tragedia colectiva. Unos pactos solventes de La Moncloa habrían empujado a Sánchez a renunciar a sus alianzas con el separatismo, ese que se indigna por la merma de libertades en un estado de alarma y que a la vez invoca el «cierre total» de Cataluña. Si Sánchez quisiese realmente aprovechar su único momento histórico para emular el sentido de Estado de Adolfo Suárez, habría roto con Bildu en el mismo instante en que aprovechó una pandemia con 14.000 muertos para atacar a la Monarquía parlamentaria con el aplauso de Podemos y el independentismo… la demostración palpable de que Sánchez no invoca pacto alguno es que permite a Pablo Iglesias utilizar al Gobierno para mítines ideologizados. Un pacto de Estado sincero habría supuesto cerrar filas con las autonomías en lugar de estigmatizarlas con campañas falaces sobre recortes que nunca existieron. Un pacto de La Moncloa no habría presentado el confinamiento forzoso de personas asintomáticas como si España fuese un régimen autoritario, mientras se consiente a alcaldes catalanes repudiar al Ejército y criminalizar su estética. Un pacto de La Moncloa habría unido a Sánchez, Casado y Arrimadas en una visita conjunta, por fugaz que fuese, a cualquier hospital para expresar en público el orgullo de los españoles con nuestros sanitarios, o para explicar con sinceridad por qué la imprevisión ha causado ya 20.000 contagios en ese colectivo. Un pacto de La Moncloa nunca habría marginado al poder judicial de la toma de decisiones, y menos aún cuando afectan a garantías y libertades... No hay, ni habrá, Pactos de La Moncloa. Siguen vigentes los pactos del odio previos al virus. Hacia España, por supuesto.
  5. «El dolor viene después». No he podido evitar acordarme de la frase que le espetó Don Felipe a Pedro Sánchez en La Zarzuela el día de su toma de posesión. Ninguno imaginábamos entonces que hoy estaríamos sumidos en semejante tsunami, y vaya por delante que no creo que gestionarlo sea fácil. Sin embargo, hay cosas sencillas que Sánchez puede hacer y que revelan la talla moral de un gobernante: La primera es reconocer el error del «aquí no pasa nada» hasta el 9 de marzo. Mientras el presidente de Lombardía lamenta el tiempo perdido, el Gobierno español sigue mayoritariamente culpando al tendido, con mención especial a las Monteros y a Marlaska. La segunda es incrementar la transparencia en el gasto del dinero público: seguimos sin saber casi nada de las compras-timo de mascarillas. ¿Y los respiradores? La tercera es agradecer la lealtad a la oposición, que está apoyando con su voto los decretos que otorgan superpoderes al Gobierno. Sánchez pidió dimisiones por la crisis del ébola. ¡Dimisiones! La cuarta es la lealtad con el resto de actores políticos y empresariales: no pueden enterarse por la prensa de las medidas que ellos deberán poner en marcha. Y, por último, más humildad. Sánchez ha rectificado dos veces, y es de agradecer, pero lo hace a rastras: con las preguntas de la Prensa y con el cierre del Parlamento. Esa tentación de esconderse en la crisis para no dar explicaciones. ¡Ay los demócratas autoproclamados! Dos claves atraviesan todo lo anterior: escasa calidad democrática y demasiado tufo partidista. Y una resistencia numantina a pedir perdón, tan reconfortante cuando uno asume el error. El refranero: no hay mayor ciego que el que no quiere ver.
  6. El 3 de abril será a la Argentina lo que el 8-M fue a Madrid y a España. Miles de jubilados rompieron el confinamiento y salieron a los bancos a cobrar sus pensiones. Las colas, en especial en Buenos Aires (capital y provincia), fueron kilométricas. Los ancianos se agolparon horas antes de que los cajeros empezaran a despacharles sus modestas pensiones. No tienen o no saben, usar las tarjetas de debito. En diez días veremos cómo, muchos de ellos, le hacen un favor a las arcas del Estado y pasan a mejor vida. El episodio de los viejos coincidió, con horas de diferencia, con el 32 aniversario del conflicto de las islas Malvinas con los británico. Fue una guerra no declarada y perdida, en poco más de dos meses, de forma humillante. Exacerbar el espíritu patriótico y hacer ondear la bandera albiceleste, le hizo soñar al general Galtieri, el mejor amigo de Johnny Walker, que la dictadura (1976-83) podría sobrevivir. Miles de argentinos se concentraron en Plaza de Mayo, vitorearon al líder ebrio, entregaron sus joyas, dinero y hasta escribieron cartas de ánimo a los soldados que iban «al frente». Las donaciones se multiplicaban y las misivas se empaquetaban en onzas de chocolate para combatir el frió gélido en las trincheras húmedas del archipiélago del Atlántico sur. Antes de que cayera la última Junta Militar, en los supermercados de Buenos Aires, se vendían tabletas de chocolates que el consumidor reconocía con lágrimas: bajo el envoltorio asomaban esas cartas de ánimo a los soldados que les habían escrito. Hoy, con la pandemia ganando terreno, los miserables se amontonan en las «villas miseria» y los pobres aguardan sus bolsas de comida. El presidente, Alberto Fernández, advertido del estallido social que se avecina si no llena sus estómagos, ordenó a su Gobierno ejecutar las compras. La factura de los alimentos supera el 30 por ciento del precio de venta en los supermercados y en algunos casos, la triplica. De nuevo, cuando llega la guerra, el poder muestra su peor rostro.
  7. El plan de salida del confinamiento de Austria ya está en marcha. El gobierno de conservadores y verdes encabezado por el canciller Christian Kurz no ha coordinado sus decisiones con el resto de la UE y ha decretado los primeros pasos a seguir por su cuenta, con una estrategia en la que pretende combinar la protección contra el coronavirus y la supervivencia de la economía. Los primeros en volver a abrir serán los pequeños comercios, superficies menores de 400 metros cuadrados, el próximo 14 de abril, aunque solo podrán recibir un cliente por cada 20 metros cuadrados al mismo tiempo. En esa misma fecha, el uso de mascarillas, actualmente obligatorio para las compras en los supermercados, se extenderá a los transportes públicos y a las tiendas que han reabierto. El resto de establecimientos abrirá sus puertas a finales de mes, pero eso no quiere decir que las cosas vayan a ser como antes. El gobierno sigue recomendando a la población quedarse en casa cuanto sea posible y evitar el contacto. Una de las grandes bazas de esta apertura comercial es que el gobierno ha habilitado un mercado virtual para procurar que los comercios que vayan abriendo puedan vender sobre todo por internet. Se trata de una plataforma a la que cualquier empresa del país puede sumarse y desde la que puede vender sus productos. En las primeras 48 horas de su funcionamiento, 600 empresas se han sumado a la plataforma y más de 100.000 clientes han utilizado el portar para hacer sus compras. En cuanto a los servicios, a principios de mayo abrirán de nuevo gimnasios y peluquerías. Los hoteles y restaurantes a partir de mediados de mayo. Los exámenes de final de curso y las pruebas que acreditan la superación del bachillerato, así como los resultados de las pruebas de selectividad (Matura) se realizarán puntualmente, pero los centros permanecerán cerrados hasta mediados de mayo. Las grandes concentraciones públicas y eventos seguirán estando prohibidos al menos hasta julio. Hasta la fecha, Austria registra 12.332 casos confirmados de coronavirus, la mayor parte de ellos en Tirol (2.786), Niederösterreich (2.043) y Oberösterreich (1.974), además de Viena (1.771). Un total de 4.046 pacientes han fallecido y han sido realizados 115.235 tests. Son cifras modestas en comparación con otros países europeos, sin embargo, Austria figura como uno de los focos de contagio, concretamente la estación de esquí austríaca de Ischgl, conocida como «la Ibiza de los Alpes», donde cientos o tal vez miles de personas se contagiaron.
  8. Hace 10 días le dijo no pero, desde entonces, algo cambió en el juez federal Daniel Obligado. El magistrado decidió, la madrugada del martes, conceder la prisión domiciliaria a Amado Boudou, vicepresidente del segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-15) y condenado por apropiarse de la imprenta de papel moneda. Dicho de otro modo, de la máquina de hacer billetes de curso legal. Los argumentos del magistrado, para conceder un beneficio que sigue negando a otros funcionarios y empresarios corruptos del kirchnerismo que tienen problemas de salud, apuntan ahora al desamparo de la mujer de Boudou y madre de sus dos hijos mellizos. Para Obligado, su compañera, la exdiputada mexicana Mónica García de la Fuente, se encuentra, como consecuencia del estado de emergencia decretado por el coronavirus, en una situación vulnerable al estar sola en Buenos Aires con los hijos de la pareja, León y Simón, y sin red de contención familiar propia por ser extranjera. Otro de los argumentos con los que justifica su decisión el juez es que Boudou, uno de los personajes emblemáticos de la frivolidad y la corrupción kirchnerista, tiene un «10 en conducta» en prisión. El ex vicepresidente, acusado, entre otras causas, de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y falsedad de documento público está condenado por, «el caso Ciccone», apellido del expropietario de la imprenta que, en pleno escándalo, terminaría pasando a manos del Estado sin que el Congreso pudiera identificar a su dueño, algo que sí hizo la justicia. En rigor, esta condena a Boudou (tiene otras) fue por cohecho y negociaciones incompatibles en la compra de la imprenta que realizó a través de testaferros. La Cámara de Casación Penal confirmó, por unanimidad, el pasado año el fallo del Tribunal Oral Federal número 4 que le condenó a 5 años y 10 meses de prisión. Sus abogados apelaron y el proceso aún no está resuelto, extrema que también menciona el juez. Amado Boudou, amante de las Harley Davidson, las chupas de cuero y la guitarra, fue uno de los personaje mas histriónico de los dos Gobiernos de la viuda de Néstor Kirchner. Con «la imprenta» llegó a imprimir 160 millones de billetes de 100 pesos (máximo valor entonces) sin control (se desconocen las numeraciones y si éstas se repetían). Con la misma empresa logró el contrato para imprimir las papeletas electorales del Frente para la Victoria (fundado por Néstor y Cristina Kirchner). Entre las anécdotas que más sorprendieron a los jueces y a los argentinos figuran dos que le retratan: dio como dirección de su casa un páramo y le juró al juez Claudio Bonadío que nunca había estado casado cuando éste tenía sobre la mesa el acta matrimonial.
  9. Pese a la grave situación y las noticias alarmantes sobre infecciones y fallecimientos, hay un elemento de esperanza en esta crisis. Me refiero al resurgir de una conciencia de sociedad civil en España, basada en la cooperación desinteresada entre particulares, empresas y Gobierno. La gestión de los efectos de una pandemia como la que padecemos no es fácil, particularmente en un mundo hiperconectado donde opinamos en tiempo real sobre todo, nos creemos con derechos infinitos y el bienestar ha adormecido el deber, la austeridad y la disciplina. Aun entendiendo que es imposible estar preparado para algo así, creo que la respuesta no ha sido buena, ha faltado esa capacidad de «improvisación inteligente» que ha hecho a tantos españoles legendarios. Pero ese vacío ha permitido que brille otra España, la que normalmente no sale en las noticias por la cansina política, que todo lo llena, y el aura que se atribuye al poder del Gobierno o del aparato gestor de la administración pública. Pero este aparato no es tan poderoso, sólo suma las capacidades individuales de las personas que lo componen, que no tienen por qué ser omnipotentes… y no lo son. En estas circunstancias se vuelve determinante para suplir carencias el nacimiento de un sentido de la solidaridad genuino en la sociedad, entre los individuos que la forman, entre éstos y las empresas en las que trabajan (y viceversa), y entre todos y el gobierno que haya tenido la mala suerte de lidiar con la crisis. Por eso me alegra ver una reacción de la sociedad civil que no había visto nunca. Me hace feliz como español ver las iniciativas de los individuos para echar una mano a su alrededor: lavar ropa a sanitarios, hacer la compra a los mayores, irse a Ifema a instalar lo necesario para montar en tiempo récord un hospital de campaña... Me llena de esperanza ver a Mercadona o El Corte Inglés cuidar el impacto laboral; a Inditex erigido en plataforma logística nacional; a SEAT fabricando respiradores; a Endesa, Iberdrola o Naturgy facilitando la vida a sus clientes; a Meliá, Hotusa o NH cediendo instalaciones; a Telefónica multiplicándose para ayudar con su tecnología; a Santander, Caixabank o BBVA asegurándose de que el crédito fluye. Seguro que me olvido de muchas... También en Merlin Properties hacemos lo que podemos para ayudar a nuestros inquilinos y al sistema sanitario. Este atisbo de una sociedad civil más fuerte es lo que nos permite encarar con esperanza la difícil situación económica que se avecina. Juntos, y desde una leal cooperación público-privada, independiente de la política, creo que estaremos en mejor posición para superarla. Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties
  10. Las últimas semanas han sido difíciles. Más allá de la ansiedad provocada por la volatilidad del mercado, el Covid-19 nos ha afectado a todos, de uno u otro modo. En tiempos como este, lo importante es hacer una pausa y mantener una perspectiva equilibrada. Las perturbaciones que el Covid-19 ha traído consigo ya han puesto punto final a la fase alcista de once años de renta variable y ahora cabe plantearse qué está ocurriendo en nuestra economía, qué impacto tendrá esto en los precios de los activos y qué pueden hacer los inversores ante esta situación. La economía se enfrenta a tres perturbaciones o «shocks» diferentes: por un lado, un «shock» de oferta, ya que las estrictas medidas de confinamiento desembocarán en una menor producción y en la interrupción de las cadenas de suministro; por otro, una perturbación en la demanda, siendo cada vez más probable que se retrasará y se destruirá un nivel de demanda lo suficientemente importante como para lastrar el crecimiento del PIB a terreno negativo en la primera mitad de este año; y, por último, un «shock» en los precios de petróleo, una cuestión aún más compleja. Si bien la cuestión del crecimiento del PIB es importante, los activos de riesgo ya descuentan unas perspectivas mucho más pesimistas, como consecuencia del pronunciado descenso de los precios de renta variable y el aumento de los diferenciales de crédito. Los movimientos que han registrado los precios de los activos son, más o menos, los que cabría esperar en una recesión. Pero en un escenario económico más severo, con mayor desempleo y un incremento de impagos, los activos podrían corregir algo más. Por tanto, es necesario seguir de cerca estos dos factores clave: la cantidad de crédito que fluye en la economía y la trayectoria del empleo. En cuanto al precio del petróleo, por un lado, su abaratamiento es beneficioso para los consumidores y podría conllevar un mayor gasto en otros ámbitos. Pero, por otro, el desplome de los precios del petróleo perjudica claramente a los mercados de crédito (el sector energético representa el componente más abultado de la mayor parte de los índices de deuda de alto rendimiento o «high yield»). De hecho, los diferenciales de «high yield» (una medida de las futuras tasas de impago percibidas por el mercado) se ampliaron hasta niveles que no se observaban desde el colapso de los precios del petróleo en 2015 y 2016. Ante estas perspectivas, ¿qué pueden hacer los inversores? Los efectos provocados por el Covid-19 refuerzan nuestra convicción de que los tipos de interés permanecerán en niveles bajos durante bastante tiempo. Los inversores que buscan ingresos tendrán que ampliar su abanico de inversión para encontrar ese rendimiento. Y también deberán tener en cuenta la posibilidad de incluir otras fuentes de diversificación en las carteras a efectos de amortiguar la volatilidad. En nuestras perspectivas para este año contábamos con una ligera sobreponderación en renta variable a finales del año pasado. Y en renta fija estábamos posicionados principalmente en renta fija gubernamental como protección frente a potenciales perturbaciones, que ya han hecho su irrupción. Hoy, la renta variable mundial ha cedido en el año un 23%, mientras que la renta gubernamental se ha revalorizado un 3%. En los últimos 12 meses, la renta variable mundial ha retrocedido un 15%, mientras que los bonos gubernamentales se revalorizaron un 6%. Tras esta fluctuación de los mercados, la mayor parte de nuestras carteras ahora están infraponderadas en renta variable, y hemos decidido mantener dicho posicionamiento. En general, hemos adoptado una posición defensiva que pensamos será la mejor estrategia para invertir en este entorno de incertidumbre. Asimismo, recomendamos que los inversores consideren el entorno actual de muy bajos tipos de interés para un posible apalancamiento moderado. Y también que aprovechen la volatilidad como oportunidad para invertir en determinados sectores de crecimiento secular, como la transformación digital, la innovación sanitaria o la sostenibilidad. Y lo que es más importante, que se cercioren de que tanto sus inversiones como el riesgo que asumen permiten lograr sus objetivos a largo plazo. Luis Artero es jefe de Inversiones de JP Morgan Banca Privada España